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Manu Rodríguez

El PSOE de Alcobendas solicita una investigación sobre el posible uso indebido de datos personales por parte del Ayuntamiento


El partido acusa al equipo de gobierno de utilizar la información de los vecinos que fueron miembros de las mesas electorales para enviarles cartas con entradas al Polideportivo Valdelasfuentes

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) de Alcobendas ha solicitado una investigación para esclarecer el presunto uso indebido de datos personales por parte del Ayuntamiento tras las recientes elecciones europeas. El PSOE acusa al equipo de gobierno del Partido Popular (PP), encabezado por la alcaldesa Rocío García Alcántara, de utilizar de manera inapropiada la información personal de los vecinos que fueron miembros de mesas electorales, enviándoles cartas personalizadas acompañadas de entradas para el Polideportivo de Valdelasfuentes como "agradecimiento por su esfuerzo".


El portavoz socialista, Ángel Sanguino, ha manifestado su preocupación por el acceso y uso de estos datos, subrayando que la información sobre los miembros de las mesas electorales está protegida por ley. "Estos hechos suscitan dudas sobre cómo se han obtenido y utilizado los datos personales de los vecinos", afirma Sanguino, añadiendo que el uso de esta información podría vulnerar la normativa de protección de datos.


El PSOE ha solicitado formalmente al delegado de protección de datos del Ayuntamiento que inicie una investigación para determinar cómo se gestionaron los datos y si se han producido otros usos ilegales de la información personal de los ciudadanos. Los socialistas consideran que esta situación, además de comprometer la privacidad de los vecinos, debilita la confianza en las instituciones.


Sanguino también ha recordado que este no es el primer incidente relacionado con el PP y el cumplimiento de la legislación electoral, señalando que en mayo de 2024 la Junta Electoral de la Zona Norte ya declaró que el Partido Popular había vulnerado la ley electoral.


El PSOE está valorando presentar una denuncia penal por delitos electorales y otra ante la Agencia de Protección de Datos por la presunta violación de los derechos de los ciudadanos, reafirmando su compromiso con la transparencia en la administración pública.



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