Rocío García Alcántara denuncia que estas medidas supondrán un coste de 70 millones de euros para el municipio
La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que expresa su rechazo a la imposición de una nueva tasa de recogida de basuras y a la mutualización de la deuda autonómica. Según la regidora, estas decisiones suponen “un grave ataque a la libertad y la autonomía de gestión de las entidades locales” y tendrían una repercusión de 70 millones de euros en las cuentas municipales.
La tasa de basuras viene determinada por la Ley 7/2022, impulsada por el anterior Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, que obliga a los ayuntamientos a aplicar un tributo para cubrir el coste total de la recogida, transporte y tratamiento de residuos. García Alcántara defiende que los ayuntamientos con las cuentas saneadas, como Alcobendas, deberían tener la libertad de elegir su modelo de financiación sin imposiciones estatales.
El Ayuntamiento de Alcobendas cerró 2024 sin deuda municipal, tras amortizar 21 millones de euros en 18 meses y ahorrar cerca de tres millones de euros en intereses. En este contexto, la alcaldesa considera que la imposición de esta tasa supondría “una pérdida injusta de recursos para la ciudad”, ya que el municipio se caracteriza por su estabilidad económica y sus bajos impuestos.
A pesar de que la mayoría de los ayuntamientos en España ya han comenzado a aplicar esta tasa, el Ayuntamiento de Alcobendas no ha realizado ningún cobro adicional en 2023 ni 2024. Sin embargo, el próximo 10 de abril de 2025 se convierte en obligatoria su aplicación si no hay cambios en la normativa.
Críticas a la mutualización de la deuda autonómica
En su carta, la alcaldesa también critica la propuesta del Gobierno central de mutualizar la deuda autonómica, un mecanismo que condonaría parte de la deuda que las comunidades autónomas mantienen con el Estado. Según los cálculos del Consistorio, esto supondría una carga de 60 millones de euros para Alcobendas, lo que equivaldría a que cada vecino pasara a deber 483 euros.
García Alcántara califica esta medida como “particularmente injusta”, argumentando que “castiga a las administraciones públicas que han gestionado bien sus recursos para beneficiar a aquellas que han incurrido en una mala gestión económica”.
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